Los resultados de la COP30 marcan un cambio decisivo hacia la incorporación de una visión de transiciones justas, firmemente anclada en los derechos humanos internacionales, en el centro de las negociaciones mundiales sobre el clima.
Un nuevo capítulo para la transición justa
La COP30 celebrada en Belém, Brasil (del 6 al 21 de noviembre), logró avances graduales en materia de transición justa. Los negociadores reforzaron el Programa de Trabajo sobre la Transición Justa (JTWP), presentado en la COP27 y ampliado en la COP28, al tiempo que se enfrentaban al reto de superar la economía basada en los combustibles fósiles de forma que se salvaguarden verdaderamente los derechos humanos, las comunidades y los trabajadores. Los debates se centraron no solo en el ritmo de la transición energética, sino también en su equidad, basada en los derechos y la participación, que incluye el respeto de los derechos humanos y laborales, el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, un diálogo social genuino con los trabajadores y la inclusión significativa de los titulares de derechos afectados.
Sin embargo, una década después del Acuerdo de París, los avances siguen siendo limitados. La acción climática se ha ralentizado, la desigualdad se ha agravado y las comunidades vulnerables sufren impactos desproporcionados. Las iniciativas existentes a menudo no se ajustan a los objetivos climáticos nacionales y no tienen en cuenta los contextos locales ni escuchan a las partes interesadas. Estas deficiencias quedaron quizás más patentes en la COP30 con las manifestaciones indígenas: a menudo excluidos de las negociaciones, recurrieron a bloquear el acceso al recinto y organizaron protestas para hacer oír sus voces y sus reivindicaciones.
En respuesta a ello, la COP30 puso en marcha el Mecanismo de Acción de Belém (BAM), un marco reforzado para superar la fragmentación y servir de centro mundial para el diálogo, las mejores prácticas y el intercambio de conocimientos con el fin de orientar las políticas y las acciones empresariales en materia de transición justa.
La COP30 fue una oportunidad para demostrar que la ambición climática, los derechos humanos y la creación de valor no son objetivos contrapuestos, sino imperativos que se refuerzan mutuamente.
El Mecanismo de Acción de Belém: por qué es importante
El Mecanismo de Acción de Belém (BAM), un marco de gobernanza y aplicación de la CMNUCC, se considera uno de los resultados clave de la COP30. En la actualidad, los objetivos climáticos nacionales (NDC) y los compromisos climáticos de las empresas siguen sin estar conectados. Aunque las empresas suelen fijarse objetivos ambiciosos, no existe ningún mecanismo para agregar estos esfuerzos o evaluar su contribución a los objetivos nacionales y mundiales. El BAM se diseñó para superar esta fragmentación e insuficiencia de los actuales esfuerzos de transición a nivel mundial, alineando los objetivos climáticos nacionales (NDC) con los compromisos corporativos y creando coherencia entre las políticas y las acciones empresariales. El BAM tiene como objetivo vincular los compromisos de alto nivel con sistemas ejecutables y una rendición de cuentas práctica, garantizando que las acciones corporativas combinadas realmente promuevan los objetivos globales.
Para los estados, el BAM representa un cambio de iniciativas fragmentadas a un marco estructurado que integra la equidad social en el centro de las estrategias nacionales de transición. Los responsables políticos deben ahora diseñar instrumentos normativos y fiscales que complementen los compromisos voluntarios de las empresas, al tiempo que movilizan financiaciones creíbles para convertir el diálogo mundial en medidas nacionales aplicables. No se trata solo de la descarbonización, sino de impulsar un enfoque económico global que dé prioridad a los trabajadores y las comunidades, junto con las industrias. El éxito dependerá de cómo se aborden retos como la protección social, el desarrollo de competencias y la protección de los derechos humanos para garantizar la equidad y la aceptación.
Para las empresas, BAM supone un cambio de la ambición a la acción. Las empresas deben ir más allá de la reducción de emisiones para alinearse con los principios de una transición justa, garantizando que sus operaciones y cadenas de suministro respeten los derechos humanos y las normas medioambientales. Esto implica invertir en la recapacitación de la fuerza laboral, incorporar la diligencia debida social y medioambiental en las decisiones de adquisición e inversión, escuchar a los grupos afectados y vincular los objetivos climáticos corporativos con los objetivos nacionales.
Pasos prácticos para los líderes empresariales
- Anticiparse a los cambios normativos
Los gobiernos están incorporando los principios de la transición justa en las políticas nacionales, añadiendo requisitos de protección social, reciclaje profesional de la fuerza laboral y cadenas de suministro responsables. Sin embargo, solo 21 de los 196 signatarios han actualizado sus planes climáticos, lo que crea lagunas normativas, objetivos incoherentes y posibles cambios bruscos de política.
Para las empresas, el reto va más allá del seguimiento de las regulaciones globales sobre clima y sostenibilidad. Los planes de transición deben ser auditados para garantizar su alineación con los nuevos mandatos, integrando los derechos humanos y la diligencia debida en materia medioambiental en las cadenas de suministro, las inversiones y las operaciones. A medida que el cumplimiento pasa de ser voluntario a obligatorio, la inacción significa quedarse atrás.
- Incorporar los derechos humanos y la integridad en la acción climática
La COP30 lo dejó claro: las empresas deben incorporar evaluaciones de derechos humanos y de impacto ambiental en sus estrategias de descarbonización y otras iniciativas climáticas para prevenir y mitigar los efectos adversos.
Más allá de esto, la corrupción y el fraude plantean graves riesgos para los esfuerzos climáticos. Entre los casos se incluyen sobornos por tala y minería ilegales en Brasil, acusaciones relacionadas con proyectos de compensación de carbono en Colombia y problemas similares en todos los sectores, desde contratos de energía renovable hasta cabildeo opaco que debilita los compromisos climáticos. La integridad es ahora una piedra angular de la gobernanza climática eficaz.
Para hacer frente a estos riesgos, las empresas necesitan una visibilidad clara de la propiedad de la cadena de suministro, la capacidad de identificar señales de alerta de corrupción y fraude, y procesos sólidos para evaluar su impacto tanto en el medio ambiente como en los derechos humanos.
El respeto de los derechos humanos no es opcional: son esenciales para una acción climática corporativa legítima, eficaz y sostenible.
- Interactuar con los trabajadores y las comunidades
En la COP30, los trabajadores y los sindicatos hicieron hincapié en que la transición hacia una economía baja en carbono debe proteger a los trabajadores y sus familias. Este cambio transformará los mercados laborales; millones de empleos cambiarán o desaparecerán, mientras que surgirán nuevas funciones en las energías renovables, la agricultura sostenible y las industrias circulares.
Las promesas de "empleos verdes y de calidad" deben hacerse realidad: salarios justos, condiciones seguras, protecciones sociales y normas de trabajo dignas. La participación de los trabajadores no es una casilla que marcar; es la base de una transición justa y eficaz. Los trabajadores aportan conocimientos operativos y la perspectiva de la comunidad, lo que hace que las estrategias climáticas sean prácticas e inclusivas. Ignorar sus voces conlleva el riesgo de violaciones de los derechos laborales, daños a la reputación y trastornos operativos. Más allá de la participación, las empresas deben incorporar normas de trabajo dignas en todas las cadenas de suministro e invertir en el reciclaje profesional. La capacitación y el apoyo a la transición prepararán a los trabajadores para las nuevas tecnologías y funciones. Las empresas que actúen ahora asegurarán el talento, fortalecerán la resiliencia y obtendrán una ventaja competitiva.
Del mismo modo, la participación de la comunidad en la diligencia debida de las empresas es vital para una transición justa. La participación de las comunidades afectadas en la toma de decisiones permite la identificación temprana de riesgos, la creación conjunta de soluciones relevantes a nivel local y la distribución justa de los impactos y beneficios. Este enfoque participativo genera confianza, defiende los derechos humanos y garantiza que las estrategias de transición sean equitativas y sostenibles.
- Obtenga sus recursos de forma responsable y apoye a los proveedores en su camino hacia una transición justa.
El cambio global hacia energías más limpias está impulsando una demanda sin precedentes de minerales críticos, plásticos reciclados y otros componentes bajos en carbono. Este aumento genera oportunidades económicas, pero también riesgos graves. Sin una diligencia debida sólida, las empresas pueden fomentar la explotación, las condiciones laborales inseguras y el daño ecológico.
En la COP30, los líderes advirtieron que la extracción de minerales de transición, la ampliación de las industrias circulares y el avance de los objetivos climáticos no son sostenibles a menos que protejan los derechos humanos y respeten los límites ecológicos. Para ello es necesario identificar las señales de alerta en la cadena de suministro, definir las zonas ecológicas prohibidas e incorporar los principios de transición justa y transparencia en todas las operaciones.
Las cadenas de suministro vinculadas a la deforestación, los minerales críticos y la circularidad de los plásticos se enfrentan a un escrutinio cada vez mayor por parte de los reguladores, los inversionistas y los consumidores. Las empresas que actúen ahora, reforzando la gobernanza, identificando los riesgos e implementando controles, mitigarán los daños y se posicionarán como líderes en una transición justa.
Perspectiva de LRQA
El cambio climático ya no es una amenaza lejana, sino que está afectando a los activos, las operaciones y la continuidad de los negocios en la actualidad. La creciente influencia de la sociedad civil y la incertidumbre normativa añaden presión, lo que hace que el mero cumplimiento normativo sea insuficiente y subraya la necesidad de una transición justa e inclusiva.
En LRQA, creemos que una acción climática creíble comienza con sistemas sólidos de rendición de cuentas y diligencia debida. La integración de los derechos humanos, las normas medioambientales y la equidad social en las estrategias de transición es esencial para la confianza y la resiliencia. Nuestra experiencia en consultoría de sostenibilidad y garantía de la cadena de suministro ayuda a las organizaciones a satisfacer las crecientes expectativas y a llevar a cabo una transición que no solo sea rápida, sino también justa.
